Filipinas intenta rebajar la preocupación generada en torno a su futuro sistema de control fronterizo.
La Oficina de Inmigración filipina, o Bureau of Immigration (BI), precisa que el proyecto CAISS, siglas de Civil Aviation and Immigration Security Services, sigue siendo por ahora una propuesta. El sistema aún no ha sido firmado ni finalizado por la agencia, según indicó el comisionado del BI, Joel Anthony Viado, en un comunicado publicado este 2 de junio de 2026.
La aclaración llega después de la difusión de informaciones que apuntaban al próximo cobro de una tasa de 480 pesos a los viajeros que entren o salgan de Filipinas. Según las autoridades, esa cantidad no corresponde a una medida ya aprobada, sino a elementos de una propuesta que todavía está en fase de revisión.
Joel Anthony Viado señaló así que esas informaciones “se basaban en una propuesta que aún no ha recibido las aprobaciones finales”. El responsable también precisó que ha ordenado una revisión completa y un proceso de consulta con las partes interesadas sobre el componente tarifario del proyecto CAISS, que contempla una tasa de uso de 4 dólares, es decir, unos 247 pesos.
La modernización de las fronteras sigue sobre la mesa
La Oficina de Inmigración insiste, no obstante, en que apoya el principio de modernizar los controles fronterizos.
El proyecto CAISS sigue presentándose como una iniciativa de colaboración público-privada destinada a mejorar las operaciones de inmigración mediante sistemas biométricos avanzados, evaluación de riesgos en tiempo real, integración de datos y tecnologías automatizadas de control fronterizo.
El sistema también podría integrar herramientas digitales, un mejor uso de los datos de los pasajeros y, entre las funcionalidades previstas, una autorización electrónica de viaje accesible a través de una aplicación móvil. En esta fase, sin embargo, esa posible ETA filipina no constituye una medida anunciada oficialmente ni una nueva obligación para los viajeros.
Para Joel Anthony Viado, la modernización sigue siendo necesaria para responder a los retos de seguridad. El comisionado explicó que el BI reconoce “la importancia de modernizar [su] infraestructura de gestión fronteriza para combatir mejor la delincuencia transnacional, la trata de personas, el terrorismo y otras amenazas emergentes para la seguridad”.
Cualquier tasa deberá justificarse y explicarse
El responsable de la Oficina de Inmigración quiso, sin embargo, distinguir el principio de modernización del sistema de la eventual creación de un nuevo cargo para los viajeros.
Según Viado, cualquier propuesta con impacto financiero debe tratarse con prudencia. El comisionado recordó que las autoridades entienden “el sentir de [sus] compatriotas, especialmente en estos tiempos económicos difíciles”, antes de añadir que toda medida que pueda afectar económicamente a los viajeros debe someterse a “una revisión adecuada, consultas y una comunicación pública clara”.
El BI indica que la revisión se centrará, en particular, en la necesidad de la tasa propuesta, su razonabilidad y su justificación mediante beneficios concretos para los pasajeros. Las consultas también deberán incluir a los sectores de la aviación, el turismo y el transporte.
Las autoridades quieren además evaluar las mejoras previstas en materia de comodidad para los pasajeros y eficiencia en los trámites fronterizos, así como las garantías contempladas en materia de privacidad de los datos y ciberseguridad. También deberán preverse mecanismos de transparencia y rendición de cuentas durante toda la aplicación del proyecto, si finalmente llega a aprobarse.
No se anuncia ninguna nueva formalidad para los viajeros
En su comunicado, Joel Anthony Viado insistió en la necesidad de no imponer nuevos costes sin una explicación suficiente. Consideró que el público no debe verse sorprendido por propuestas que supongan un gasto adicional, recordando que “la seguridad de nuestras fronteras es importante”, pero que también lo es que la población sienta que se la escucha y que se tiene en cuenta su situación.
El comisionado concluyó que el objetivo de las autoridades es disponer de un sistema de control fronterizo “más seguro y más moderno”, pero que este debe ponerse en marcha de forma clara, justa y ganándose la confianza del público. Antes de tomar cualquier decisión, añadió, las autoridades deben asegurarse de que el proyecto se estudie a fondo y se explique correctamente a la ciudadanía.
Para los viajeros, por tanto, no se aplica en esta fase ninguna nueva formalidad vinculada al CAISS. La Oficina de Inmigración indica que seguirá evaluando el proyecto junto con las agencias gubernamentales competentes y otras partes interesadas, con el fin de garantizar que sus beneficios para la población sean los máximos posibles.
La aclaración es importante para el sector de los viajes: el CAISS sigue siendo uno de los principales proyectos de modernización de las fronteras filipinas, pero ni la tasa mencionada ni las futuras funcionalidades del sistema, incluida una eventual autorización electrónica de viaje, se presentan hoy como medidas definitivas.
