Antigua y Barbuda reveló a principios de julio que había recibido una solicitud formal de la Comisión Europea relacionada con su programa de ciudadanía por inversión.
En una carta fechada el 25 de junio de 2026 y firmada por el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, Bruselas habría pedido al Gobierno de Antigua y Barbuda que eliminara progresivamente este mecanismo antes del 1 de junio de 2028.
Según las autoridades antiguano-barbudenses, otros cuatro países del Caribe oriental recibieron comunicaciones similares: Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía. Sin embargo, la Comisión Europea no ha hecho pública la carta.
Un periodo transitorio hasta el 1 de junio de 2028
La Comisión Europea habría propuesto un periodo de transición de 24 meses antes del cierre de los programas afectados.
Antes de septiembre de 2026, los cinco gobiernos también deberían reforzar los procedimientos de control aplicados a los solicitantes de ciudadanía y excluir sistemáticamente a las personas sujetas a medidas restrictivas de la Unión Europea.
La respuesta de Antigua y Barbuda debería tenerse en cuenta posteriormente en el próximo informe de la Comisión sobre el mecanismo de suspensión de la exención de visado, cuya publicación está prevista para diciembre de 2026.
La fecha del 1 de junio de 2028 no corresponde al inicio anunciado de una suspensión automática de la exención de visado. Según el Gobierno de Antigua y Barbuda, se trata del plazo fijado por la Comisión para que desaparezcan los programas de ciudadanía por inversión.
Cinco países actualmente exentos de visado Schengen
Los países afectados son:
- Antigua y Barbuda;
- Dominica;
- Granada;
- San Cristóbal y Nieves;
- Santa Lucía.
Sus ciudadanos pueden viajar actualmente sin visado al espacio Schengen para estancias de hasta 90 días dentro de cualquier periodo de 180 días. Los cinco Estados continúan figurando en la normativa europea entre los países exentos de la obligación de visado. Cuando el ETIAS entre en funcionamiento en 2027, sus ciudadanos deberán, en principio, obtener esta autorización electrónica de viaje, siempre que su exención de visado siga vigente.
Sus programas de ciudadanía por inversión, conocidos en ocasiones como programas de «pasaportes dorados», permiten a ciudadanos extranjeros obtener la nacionalidad a cambio de una inversión o una aportación económica previamente establecida.
Para la Unión Europea, estos mecanismos pueden permitir que personas normalmente sujetas a la obligación de visado obtengan un pasaporte que les dé acceso sin visado al espacio Schengen, aunque no mantengan ningún vínculo real con el país que les concede la ciudadanía.
Un nuevo motivo para suspender la exención de visado
El mecanismo europeo de suspensión de la exención de visado se reforzó el 30 de diciembre de 2025.
Desde entonces, la gestión de un programa de ciudadanía por inversión puede constituir por sí sola un motivo para activar el mecanismo. Por tanto, la Comisión ya no tiene necesariamente que demostrar previamente un aumento de la inmigración irregular o una deficiencia concreta en los controles de seguridad.
No obstante, el reglamento europeo no retira automáticamente la exención de visado a los países que ofrecen este tipo de programas. Cualquier suspensión debería tramitarse mediante un procedimiento y una decisión específica de la Unión Europea.
Este cambio proporciona a Bruselas un instrumento adicional de presión en sus conversaciones con los gobiernos caribeños.
Cerca de 107.000 pasaportes concedidos mediante los cinco programas
En su octavo informe sobre el mecanismo de suspensión de la exención de visado, publicado en diciembre de 2025, la Comisión Europea estimaba que los cinco países habían concedido alrededor de 107.000 pasaportes a través de sus programas de ciudadanía por inversión.
Las autoridades caribeñas habían registrado 13.113 solicitudes en 2023 y 10.573 en 2024. La Comisión también señaló la brevedad de los plazos de tramitación y unas tasas de rechazo que consideraba reducidas: un 1,7 % en Antigua y Barbuda, un 5,3 % en Santa Lucía y un 6,5 % en Dominica en 2024.
Desde entonces, los cinco gobiernos han armonizado en 200.000 dólares estadounidenses el umbral mínimo de inversión, han reforzado determinados controles y han adoptado normas comunes sobre transparencia e intercambio de información.
Sin embargo, estas medidas no han bastado para disipar las preocupaciones de la Unión Europea. La Comisión continúa considerando que la gestión de estos programas por parte de países exentos de visado representa un riesgo para la seguridad del espacio Schengen.
Los gobiernos caribeños preparan una respuesta conjunta
Los dirigentes de los cinco Estados afectados se reunieron el 10 de julio de 2026 en Roseau, capital de Dominica, para analizar la comunicación de la Comisión y coordinar su respuesta.
En una declaración conjunta publicada tres días después, recordaron que los ingresos generados por estos programas financian, entre otros ámbitos, las infraestructuras, la sanidad, la educación, la vivienda, la reconstrucción tras desastres naturales y las políticas de resiliencia climática.
Los cinco gobiernos acordaron enviar una delegación diplomática de alto nivel a Bruselas y buscar junto a la Unión Europea «soluciones equilibradas y sostenibles». También reclaman que cualquier transición vaya acompañada de nuevas fuentes de financiación y de un refuerzo de la cooperación económica con Europa.
Antigua y Barbuda, por su parte, ha advertido de que su programa continuará funcionando mientras duren las conversaciones.
El Gobierno considera que constituye un pilar esencial de sus ingresos no fiscales y sostiene que no puede abandonarse sin una alternativa económica. Aun así, asegura que pretende reforzar los controles y mantener un diálogo constructivo con la Comisión Europea.
El enfoque de VisasNews
La fecha del 1 de junio de 2028 no supone, por ahora, la entrada en vigor de la obligación de visado Schengen para los ciudadanos de los cinco países afectados. Según Antigua y Barbuda, corresponde al plazo fijado por la Comisión Europea para que desaparezcan sus programas de ciudadanía por inversión. Cualquier suspensión de la exención de visado requeriría una decisión europea independiente. Por el momento, las condiciones de viaje no cambian.
