Estas debates tuvieron lugar el 17 de abril de 2026 en la comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, en el marco del examen de un proyecto de ley destinado a modificar la legislación japonesa sobre inmigración y reconocimiento del estatuto de refugiado.
A lo largo de la sesión, varios diputados interrogaron al Gobierno no solo sobre las tasas vinculadas a los permisos de residencia, sino también sobre la creación del futuro sistema de autorización electrónica de viaje, ya designado con el nombre de “JESTA”. Las respuestas corrieron principalmente a cargo de Shuichiro Naito, director general adjunto de la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón, así como de Hiroshi Hiraguchi, ministro de Justicia.
Varios diputados, pertenecientes a distintas formaciones políticas, insistieron en una misma idea: Japón quiere filtrar antes a determinados viajeros exentos de visado, pero sin frenar al mismo tiempo la fluidez del paso fronterizo. Detrás de ese objetivo, el debate también puso sobre la mesa cuestiones muy concretas sobre el alcance del futuro sistema JESTA, los datos que se solicitarán, categorías sensibles como los pasajeros de crucero o en tránsito, así como las condiciones técnicas de un lanzamiento anunciado para el ejercicio fiscal 2028.
Entre los primeros en abordar el asunto, Daichi Yamamoto, diputado del Partido Liberal Democrático elegido por Wakayama, defendió la creación del JESTA, aunque consideró que Japón llega con retraso respecto a otros países que ya cuentan con un sistema comparable. Keie Miki, diputada de Nippon Ishin no Kai, insistió en los efectos esperados en materia de seguridad y reducción de los tiempos de espera a la entrada. Masamune Wada, diputado de Sanseitō, recordó que llevaba tiempo defendiendo una versión japonesa del ESTA estadounidense, mientras que Chinami Nishimura, diputada del Partido Democrático Constitucional, y Masae Ido, diputada del Partido Democrático del Pueblo, presionaron más al Gobierno sobre los límites del futuro sistema, su coste, sus riesgos de error y sus consecuencias concretas para los viajeros.
En definitiva, el debate aportó una base mucho más precisa que los anuncios generales conocidos hasta ahora.
El Gobierno defiende una herramienta con un doble objetivo
Ante los diputados, Shuichiro Naito, número dos de la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón, resumió la lógica del futuro sistema.
Según explicó, el JESTA permitirá a las autoridades solicitar por adelantado, en línea, información como la identidad del viajero, su número de pasaporte, el motivo del viaje o el lugar previsto de estancia en Japón. El objetivo declarado es llevar a cabo un filtro previo para impedir la entrada de personas que en realidad pretendan permanecer de forma irregular en el país o trabajar sin autorización.
Pero el alto cargo japonés también destacó la otra cara del proyecto.
Para los extranjeros autorizados en este marco, deberán utilizarse nuevos equipos a la llegada con el fin de agilizar los procedimientos. En sus propias palabras, el JESTA debe servir al mismo tiempo para el “rigor del control migratorio” y para la “agilización de los procedimientos de entrada”. Esta idea fue retomada por varios diputados, en un momento en que Japón sigue tratando de absorber un fuerte aumento del turismo internacional.
Los pasajeros de crucero y parte de los viajeros en tránsito estarán incluidos en el JESTA para evitar vías de escape
Uno de los puntos más interesantes del debate se refiere al ámbito de aplicación del futuro sistema.
Preguntado por Daichi Yamamoto, el director general adjunto de Inmigración precisó que el Gobierno no quería limitar el JESTA únicamente a los turistas que lleguen en las condiciones clásicas de una exención de visado. Los pasajeros de crucero fueron mencionados expresamente. La Administración recuerda que, con la legislación actual, determinadas personas pueden solicitar una autorización especial de desembarco sin haber sido sometidas a un control previo comparable al de un visado.
El responsable incluso mencionó casos de personas que, tras no obtener la autorización esperada, habrían intentado entrar de forma irregular después de llegar por barco. Para Tokio, era necesario cerrar esa brecha.
La misma lógica se aplica a una parte de los pasajeros en tránsito. El Gobierno considera que algunas personas podrían intentar presentarse como simples viajeros en conexión para eludir el control previo. También en este caso, la idea es evitar que un futuro sistema más estricto para las estancias turísticas de corta duración deje abiertas vías de entrada paralelas.
No obstante, sobre este punto, las autoridades japonesas precisaron que no todos los viajeros en tránsito quedarían automáticamente afectados. Ante los diputados, el alto funcionario indicó que Japón estudia limitar esta obligación únicamente a ciertas categorías, teniendo en cuenta especialmente la situación migratoria vinculada a determinados países o territorios. Mencionó el caso de nacionalidades consideradas de mayor riesgo en materia de estancia irregular o control fronterizo. En otras palabras, el futuro sistema también podría basarse, en lo que respecta al tránsito, en una selección dirigida según el origen de los viajeros, con el fin de no frenar innecesariamente el conjunto del tráfico internacional.
Más de 31 millones de personas se verían afectadas por el JESTA, cuyo precio sigue sin conocerse (pese a la presión parlamentaria)
Otro elemento concreto aportado durante la sesión fueron los volúmenes potenciales de viajeros que entrarían en el ámbito del futuro sistema.
En respuesta a Keie Miki, la Administración indicó que en 2025 unos 38,46 millones de extranjeros entraron en Japón con un estatus de corta estancia, de los cuales cerca de 29,63 millones lo hicieron en el marco de un régimen de exención de visado. Añadió que también se registraron unas 1,58 millones de entradas con autorizaciones especiales de desembarco.
A partir de esas cifras, los servicios de inmigración estiman que algo más de 31 millones de personas entrarían actualmente en el perímetro del JESTA. Y si Japón alcanzara su objetivo de 60 millones de visitantes extranjeros al año de aquí a 2030, ese número podría ascender a unos 43,7 millones. Las autoridades precisan, no obstante, que los contornos exactos de ciertas categorías, especialmente una parte de los pasajeros en tránsito, todavía están por definirse.
En cuanto al coste del futuro JESTA, el Gobierno no facilitó ninguna cifra. Chinami Nishimura insistió en este punto, al considerar que el Parlamento, llamado a pronunciarse sobre el marco legal, debería disponer al menos de un orden de magnitud. El director general adjunto recordó entonces que la tarifa exacta se fijará más adelante por orden ministerial, una vez aprobada la reforma.
Aun así, citó varias referencias internacionales para situar la reflexión japonesa, con importes mencionados de unos 2.000 yenes para la ETA de Australia, 6.000 yenes para el ESTA de Estados Unidos, 770 yenes para la eTA de Canadá, entre 1.564 y 2.116 yenes para la NZeTA de Nueva Zelanda según el canal de solicitud, alrededor de 1.100 yenes para la K-ETA de Corea del Sur, algo más de 3.000 yenes para la ETA del Reino Unido y para el futuro ETIAS de la Unión Europea. El Gobierno afirma que quiere tener en cuenta el coste real del procedimiento, las ventajas ofrecidas al viajero y las prácticas internacionales. Por ahora, por tanto, no se ha confirmado ninguna tasa para la autorización electrónica de viaje JESTA.
Idiomas, datos solicitados y errores de introducción, en el centro de las preguntas
Varios diputados también quisieron saber cómo funcionaría el sistema en la práctica.
En respuesta a Keie Miki, el alto responsable de Inmigración indicó que el formulario estaría disponible en varios idiomas, aunque sin poder precisar todavía cuántos. También detalló los datos previstos, entre ellos el nombre, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el número de pasaporte, el motivo del viaje, el lugar de estancia en Japón y la duración prevista de la visita.
Para limitar los errores de introducción de datos, la Administración japonesa estudia incorporar una lectura OCR de la página de identidad del pasaporte. También prevé que pueda solicitarse una fotografía del rostro y compararla con la que figure en el pasaporte.
Preguntados por la posibilidad de falsos positivos o de errores que afecten a viajeros sin ningún problema particular, los servicios de inmigración reconocen que podrían llevarse a cabo comprobaciones complementarias en caso de incoherencia o duda.
Averías, recursos y viajeros poco familiarizados con lo digital
Masae Ido presionó al Gobierno sobre los riesgos de disfunciones, caídas de red, ciberataques o errores de identificación.
En respuesta, la Administración japonesa indicó que el sistema deberá integrar mecanismos de respaldo y que se prevé un punto de contacto para tramitar determinadas solicitudes o reclamaciones. También precisó que, en caso de dificultad no resuelta dentro del marco del JESTA, podría seguir siendo posible recurrir al procedimiento de visado.
La diputada también planteó la situación de las personas mayores, de quienes no disponen de ordenador o teléfono inteligente, o de quienes no dominan bien las herramientas digitales.
Sobre este punto, los servicios de inmigración reconocen el problema y estudian que agencias de viajes u otros intermediarios puedan, en algunos casos, cumplimentar los trámites en nombre del viajero. También en este caso, los detalles siguen pendientes de definición.
JESTA : se mantiene el calendario para 2028 pese a las peticiones de acelerar su puesta en marcha
El calendario se abordó en varias ocasiones.
Entre los diputados que más insistieron en esta cuestión, Masae Ido preguntó especialmente al Gobierno por el retraso acumulado por Japón con respecto a otros grandes destinos que ya cuentan con una autorización electrónica de viaje, como Estados Unidos, Canadá o Australia, mientras la Unión Europea prepara también su propio sistema.
La Administración explicó que sigue este expediente desde hace varios años y que ya había estudiado los sistemas implantados en otros países. Pero, según el director general adjunto de la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón, la pandemia de Covid-19 estalló precisamente cuando esas reflexiones avanzaban. Con el desplome del número de entradas internacionales y una visibilidad todavía muy reducida sobre la recuperación, Tokio consideró que no era oportuno, en ese momento, lanzar de inmediato un proyecto de desarrollo de tal envergadura.
El alto responsable añadió que, una vez estabilizada la recuperación y hecho más visible el nuevo aumento del número de visitantes, los estudios se reanudaron, antes de que se aceleraran los trabajos técnicos para hacer avanzar el calendario. Masae Ido señaló, sin embargo, que el Covid también constituyó, en cierto modo, una oportunidad que Japón “no aprovechó plenamente”.
Posteriormente, los diputados preguntaron si era posible una entrada en servicio más rápida. La Administración respondió que, en abril de 2026, la empresa encargada del desarrollo ya había sido seleccionada y que los trabajos habían comenzado. Detalló un esquema que incluye al menos 17 meses de diseño y desarrollo, unos 8 meses de pruebas con los sistemas vinculados y otros 3 meses de formación para los agentes.
El ministro japonés de Justicia, Hiroshi Hiraguchi, confirmó que el Gobierno sigue apuntando a la introducción de su autorización electrónica de viaje durante el ejercicio fiscal 2028. Insistió en que el sistema debía ser, ante todo, seguro, estable y plenamente operativo. Preguntado por una posible reducción adicional de los plazos, el director general adjunto de la Agencia respondió, en esencia, que la Administración desea avanzar “lo más rápido posible”, pero sin sacrificar ni la seguridad ni la estabilidad del sistema.
