Letonia prepara una reforma de calado de su sistema de inmigración.
El jueves 11 de junio de 2026, la Saeima, el Parlamento letón, aprobó en lectura final una nueva ley de inmigración. El texto pretende reorganizar en profundidad las normas aplicables a los nacionales de terceros países, es decir, las personas que no son ciudadanas de la Unión Europea, abarcando la entrada, la estancia, el empleo, la integración y los procedimientos de retorno.
Las principales disposiciones de la nueva ley está previsto que entren en vigor el 1 de enero de 2027.
Para viajeros, estudiantes, trabajadores extranjeros y solicitantes de permisos de residencia, la reforma confirma una tendencia ya visible en Letonia: más controles antes de la entrada, una mayor vigilancia durante la estancia y criterios más estrictos cuando se detecten riesgos para el orden público o la seguridad nacional.
Una reforma vinculada a la seguridad nacional y al marco europeo
Según la Saeima, la nueva ley busca hacer que el sistema de inmigración letón sea más claro, transparente y eficaz. El objetivo declarado es doble: reforzar la seguridad nacional y reducir los riesgos de inmigración ficticia, empleo ilegal o uso indebido de los procedimientos de residencia.
El texto también forma parte de la adaptación de Letonia al nuevo marco europeo de migración y asilo. El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, aplicable desde junio de 2026, contempla, entre otras medidas, un refuerzo de los controles en las fronteras exteriores de la Unión Europea, procedimientos de cribado, un mayor uso de las bases de datos europeas y procedimientos acelerados en determinados casos.
Para Letonia, Estado miembro de la Unión Europea y del espacio Schengen, esta reforma no afecta únicamente a los trámites nacionales. Se inscribe en una transformación más amplia de la gestión de las fronteras exteriores de la UE.
Controles reforzados en la frontera y antes de la entrada
Uno de los puntos centrales de la nueva ley es el control de los nacionales de terceros países en las fronteras exteriores.
El texto prevé la introducción de procedimientos de cribado en frontera, así como un procedimiento de retorno en la propia frontera, de acuerdo con el nuevo marco migratorio europeo. También contempla un uso más amplio de los datos biométricos y un mayor intercambio de información con las bases de datos de la Unión Europea, con el fin de mejorar la identificación de las personas y prevenir con mayor eficacia posibles riesgos para la seguridad.
Letonia ya había empezado a reforzar sus controles antes de la llegada. Desde el 1 de septiembre de 2025, determinados nacionales de terceros países que no dispongan de un visado o de un permiso de residencia expedido por Letonia deben transmitir, al menos 48 horas antes de su llegada, información sobre su viaje a través del portal eta.gov.lv. Esta obligación puede incluir, entre otros datos, el motivo del viaje, la duración y el lugar de estancia, el itinerario, los datos de contacto del viajero, así como información relacionada con cargos públicos, militares o de seguridad ejercidos por la persona o por sus familiares cercanos.
Este procedimiento letón no se presenta como una autorización de viaje comparable al futuro ETIAS europeo: una vez enviada la información, el viajero recibe una confirmación automática, pero no tiene que esperar una aprobación separada para entrar. Aun así, ilustra la lógica que Riga está priorizando: recopilar más información antes de la llegada para detectar antes posibles riesgos.
Visados y permisos de residencia: más margen para denegar o anular en casos de riesgo
La nueva ley también precisa las normas de expedición de visados y permisos de residencia.
La Saeima señala que los procedimientos y plazos deberán ser más claros, al tiempo que se amplían los motivos de denegación o anulación cuando se constate una amenaza para el orden público o la seguridad. En la práctica, las autoridades letonas contarán con un marco jurídico más explícito para denegar o retirar documentos de residencia en determinados casos sensibles.
Latvijas sabiedriskais medijs (LSM) también informó de que los debates parlamentarios se centraron en los permisos de residencia temporales, conocidos habitualmente en Letonia por la sigla TUA. Una propuesta más accesible, que habría permitido obtener un permiso de residencia a cambio de una aportación de 10.000 euros al presupuesto del Estado y una inversión de 50.000 euros en una pequeña o mediana empresa, fue rechazada.
En cambio, los diputados respaldaron una opción más regulada: un permiso de residencia temporal de hasta cinco años en caso de una inversión mínima de 150.000 euros, durante al menos cinco años, en un gestor de fondos de inversión alternativos creado por el Estado, junto con un pago adicional de 10.000 euros al presupuesto letón. El mantenimiento del permiso quedaría vinculado a la conservación efectiva de la inversión durante todo su periodo de validez.
Esta parte del texto muestra que Letonia no cierra por completo la puerta a la inmigración por inversión, pero quiere orientarla hacia mecanismos más controlados y más directamente ligados a la economía nacional.
Estudios, empleo e integración: obligaciones reforzadas
La reforma no se limita a las fronteras.
La nueva ley también refuerza la supervisión del empleo y los estudios de los nacionales de terceros países. El objetivo declarado es reducir los riesgos asociados al empleo ficticio, los estudios simulados o el uso indebido de visados y permisos de residencia para fines que no se corresponden con el motivo declarado inicialmente.
Los empleadores y los centros educativos deberán asumir una mayor responsabilidad. Las autoridades letonas quieren verificar mejor que los nacionales de terceros países cumplen las condiciones de su estancia, ya sea en relación con un contrato de trabajo, una actividad profesional declarada o un programa de estudios real.
El texto también consolida los requisitos de integración, especialmente mediante un programa de integración temprana y el conocimiento de la lengua nacional. Esta dimensión confirma que la reforma letona no busca solo controlar la entrada en el territorio, sino también hacer un seguimiento más estricto de las personas autorizadas a instalarse en el país de forma más duradera.
