Tailandia cuenta desde hoy con un nuevo marco administrativo para tramitar los procedimientos de expulsión de ciudadanos extranjeros.
Publicado el 27 de agosto de 2026 en la Royal Gazette tailandesa, el Prime Minister’s Office Regulation on Deportation B.E. 2569 (2026) fue firmado el día anterior por el primer ministro, Anutin Charnvirakul, y entra en vigor al día siguiente de su publicación.
Más que crear nuevos motivos de expulsión, el objetivo declarado de las autoridades es establecer un procedimiento más claro y ágil entre los distintos organismos implicados. El Gobierno señala que Tailandia pretende seguir acogiendo a los extranjeros que entren legalmente en el país para viajar, trabajar o desarrollar otras actividades, al tiempo que dispone de un mecanismo mejor definido para actuar cuando una persona incumple la legislación o altera gravemente el orden público.
Los comportamientos que alteren el orden público pueden dar lugar a una expulsión
El nuevo reglamento no afecta únicamente a los turistas, sino al conjunto de ciudadanos extranjeros presentes en Tailandia.
Su artículo 4 establece que un extranjero cuyo comportamiento o circunstancias se consideren perjudiciales para el orden público, la moral pública o el bienestar de la población podrá ser objeto de un procedimiento de expulsión.
En estos casos, el secretario permanente del Ministerio del Interior, o una persona autorizada por este, remite el expediente al ministro del Interior, que tiene la potestad de ordenar la expulsión. Las personas que hayan incitado o prestado apoyo a la conducta en cuestión también pueden quedar incluidas en el ámbito de aplicación del reglamento.
Por tanto, la medida no otorga al Ministerio de Turismo la facultad de expulsar directamente a un viajero. La decisión corresponde al Ministerio del Interior, una vez examinado el expediente.
El reglamento también contempla situaciones más claramente definidas desde el punto de vista jurídico, como la entrada o estancia irregular, el trabajo o el ejercicio de una actividad comercial contrarios a la legislación tailandesa, la falsificación de documentos oficiales o determinados delitos graves castigados con penas de al menos cinco años de prisión.
Para estos últimos supuestos, el texto regula, entre otras cuestiones, la transmisión de información entre la administración penitenciaria y el Ministerio del Interior, de manera que una eventual expulsión pueda ser examinada antes de la puesta en libertad del interesado.
El Government Public Relations Department publicó este 28 de agosto una presentación detallada del nuevo reglamento, señalando que debe permitir a las distintas administraciones aplicar las disposiciones sobre expulsión “de forma rápida, eficaz y conforme a un criterio común en todo el país”.
“Tailandia es un país abierto que acoge a turistas de todo el mundo que respetan la ley”
La entrada en vigor del reglamento se produce en un momento en el que las autoridades tailandesas han intensificado sus declaraciones sobre el comportamiento de algunos visitantes en los principales destinos turísticos del país.
Como informa el Bangkok Post, el ministro de Turismo y Deportes, Surasak Phancharoenworakul, subrayó que la mayor firmeza anunciada no pone en cuestión la política de acogida turística del país.
“Tailandia es un país abierto que acoge a turistas de todo el mundo que respetan la ley, al pueblo tailandés y nuestra cultura. Sin embargo, no acogemos ni toleraremos a turistas que infrinjan la ley, actúen de forma inmoral, falten al respeto al pueblo tailandés o provoquen disturbios y alteren nuestro orden social”, declaró.
El ministro añadió que “si se detectan este tipo de comportamientos, estamos preparados para aplicar la ley con firmeza y expulsar inmediatamente a sus responsables con el fin de proteger el bienestar de toda la población tailandesa y preservar un entorno seguro para los demás turistas”.
Pese al tono contundente de estas declaraciones, las autoridades insisten en que los casos deben examinarse de forma individual y que no se trata de adoptar medidas generales contra los viajeros de una determinada nacionalidad.
Visados revocados recientemente en Koh Samui y Phuket
Este enfoque caso por caso ya había sido destacado pocos días antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento.
El 25 de agosto, el Gobierno tailandés indicó haber recibido varias quejas relacionadas con el comportamiento de turistas extranjeros, especialmente en Koh Samui y Phuket, y confirmó que se habían revocado visados tras determinados incidentes. El Ministerio volvió a precisar que una medida adoptada contra un viajero concreto no debía extenderse al resto de ciudadanos de su misma nacionalidad.
En Koh Samui, las autoridades revocaron concretamente el visado de un turista extranjero acusado de amenazar y acosar a la propietaria de un parque de animales de la isla.
Las autoridades tailandesas también quieren reforzar la información facilitada a los visitantes antes de su llegada. La Tourism Authority of Thailand (TAT) trabaja, entre otros actores, con embajadas y compañías aéreas para comunicar mejor las principales normas legales, las costumbres locales y las pautas de comportamiento esperadas durante una estancia en el país.
Al mismo tiempo, Tailandia sigue preparando la aplicación de su reforma de la exención de visado, que prevé reducir de 60 a 30 días el periodo de estancia sin visado concedido a numerosos viajeros. Aunque las nuevas disposiciones ya han sido aprobadas por el Gobierno, todavía deben publicarse en la Royal Gazette antes de entrar en vigor.
También acaba de abrirse una consulta pública sobre el proyecto de tasa turística de 450 bahts, unos 12 euros, por viajero extranjero. Las autoridades recogerán opiniones y observaciones hasta el 28 de septiembre de 2026 antes de continuar con el proceso de aprobación de la medida.
El enfoque de VisasNews
La entrada en vigor de este reglamento no significa que un viajero se exponga automáticamente a una expulsión por un simple error o por incumplir de forma menor alguna costumbre local. El texto regula, ante todo, el procedimiento aplicable a los extranjeros que infrinjan la legislación tailandesa o cuyo comportamiento se considere lo suficientemente grave como para afectar al orden público, la moral pública o el bienestar de la población. La decisión de expulsión corresponde al ministro del Interior de Tailandia y las autoridades señalan que los casos se examinarán de forma individual.
