Los Estados Unidos han endurecido en los últimos meses sus políticas migratorias y han anunciado una serie de medidas que afectan directamente a quienes deseen viajar al país.
Entre los principales cambios destaca la implantación de un programa piloto de fianzas para determinados solicitantes de visados de visitante B-1/B-2. En función del caso, las autoridades consulares podrán exigir un depósito de 5.000, 10.000 o 15.000 dólares, que solo se devolverá si el titular respeta las condiciones de su estancia. Por el momento, esta medida se aplica únicamente a ciudadanos de Malaui y Zambia.
Además, a partir del 1 de octubre de 2025, entrará en vigor una “tarifa de integridad de visado” (Visa Integrity Fee) de 250 dólares, que afectará a la mayoría de los visados de no inmigrante. El objetivo de esta tasa es financiar los controles destinados a garantizar el cumplimiento de las normas migratorias, aunque solo se reembolsará en caso de cumplimiento estricto de las condiciones de estancia. Este importe se actualizará periódicamente en función de la inflación.
Por otra parte, el Departamento de Estado ha confirmado la eliminación de las exenciones de entrevista (Visa Interview Waivers), que hasta ahora permitían renovar algunos visados sin acudir en persona a un consulado. Desde el 2 de septiembre de 2025 , todos los solicitantes de visados de no inmigrante (salvo algunas excepciones), incluidos los solicitantes menores de 14 años y mayores de 79, deben asistir a una entrevista con un agente consular.
Finalmente, el precio del ESTA, la autorización electrónica de viaje obligatoria para los visitantes exentos de visado, como los ciudadanos europeos, subirá el 30 de septiembre de 2025, pasando de 21 a 40 dólares.
Nueva obligación para los solicitantes de visado de no inmigrante para EE.UU.
En este contexto de mayor control, el Departamento de Estado anunció el 6 de septiembre de 2025 una medida de gran calado: las solicitudes de visado de no inmigrante deberán presentarse exclusivamente en el país de residencia o nacionalidad del solicitante.
En concreto, salvo raras excepciones, un ciudadano que resida en el extranjero ya no podrá presentar su solicitud en un tercer país. Esta disposición, aplicable «con efecto inmediato», afecta a la mayoría de los visados temporales, ya sean de turismo, negocios, estudios, prácticas o misiones profesionales.
El Departamento de Estado aclara que “los ciudadanos de países en los que el Gobierno de los Estados Unidos no lleva a cabo operaciones rutinarias de visados para no inmigrantes deben presentar su solicitud en la embajada o el consulado designados, a menos que su residencia se encuentre en otro lugar”.
Para tramitar estas solicitudes específicas, se han designado embajadas y consulados estadounidenses. Por ejemplo, los afganos deben acudir a la embajada de Estados Unidos en Islamabad (Pakistán), los cubanos a Georgetown (Guyana), los venezolanos a Bogotá (Colombia), los iraníes a Dubái (Emiratos Árabes Unidos), los bielorrusos a Vilna (Lituania) o Varsovia (Polonia), y los rusos a Astana (Kazajistán) o Varsovia.
Un endurecimiento en vísperas de grandes eventos internacionales
Esta reforma podría alargar los plazos de tramitación y saturar los consulados más concurridos, con más solicitudes, colas más largas y citas más difíciles de conseguir.
Las nuevas exigencias llegan en un momento clave: EE. UU. se prepara para acoger dos eventos de alcance mundial: la Copa Mundial de Fútbol 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Con millones de visitantes previstos, parte del sector turístico teme un efecto disuasorio sobre algunos viajeros, debido al incremento acumulado de los costes: fianzas, tarifa de integridad, subida del ESTA y, además, el propio precio del visado.
En los próximos meses se podrá medir el impacto real de estas medidas en el turismo y los intercambios profesionales. Lo que parece claro es que, a partir de ahora, viajar a EE. UU. exigirá más planificación, más recursos económicos y, sobre todo, más paciencia.
